Donald Trump intentó retener más de US$800 millones que el Congreso había aprobado para programas vinculados con inmigración, cuestiones raciales y educación. La medida abrió otra confrontación sobre si el Poder Ejecutivo puede impedir el gasto de fondos autorizados mediante el proceso legislativo de asignaciones.
La Casa Blanca dijo que el presidente utilizaba todas las herramientas disponibles para recortar gastos públicos que consideraba derrochadores o perjudiciales para los ciudadanos. Su comunicado identificó programas de asistencia a refugiados, desarrollo de empresas de minorías y conservación ambiental fuera de Estados Unidos.
Aunque la Constitución entrega al Congreso la autoridad sobre el gasto federal, la administración sostuvo que los programas apoyaban la inmigración ilegal, intensificaban tensiones raciales y promovían políticas ambientales alarmistas. Esas afirmaciones ofrecieron la justificación política para retener fondos sin modificar las leyes presupuestarias subyacentes.
El mecanismo se conoce como rescisión de bolsillo, un procedimiento poco utilizado que busca impedir el desembolso antes del final de un período fiscal sin obtener una nueva votación legislativa. Su uso coloca la disputa en el límite entre administración presidencial y poder presupuestario del Congreso.
La senadora republicana Susan Collins, presidenta del Comité de Asignaciones del Senado, calificó la maniobra de ilegal. Acusó a la Oficina de Administración y Presupuesto de socavar el poder constitucional del Congreso sobre el erario y dijo que los fondos no podían rescindirse sin aprobación legislativa.
La objeción de Collins es políticamente significativa porque pertenece al partido de Trump y disputa una reelección ajustada en Maine. Su respuesta muestra que el conflicto institucional sobre las asignaciones no se divide estrictamente por partidos cuando está en juego la autoridad del propio Congreso.
La administración utilizó la misma táctica el año anterior para retener US$4.900 millones en ayuda exterior aprobada por el Congreso. La Corte Suprema se negó a bloquear la acción mientras continuaba el litigio, dejando un antecedente disputado y no una resolución definitiva sobre la estrategia.
