La campaña presidencial de Flávio Bolsonaro está elaborando un marco fiscal que vincularía el crecimiento del gasto federal con el peso de la deuda pública de Brasil. El diseño reemplazaría la regla presupuestaria vigente y podría reducir a cero el crecimiento real de las erogaciones cuando la deuda supere un umbral determinado.
Bolsonaro, senador e hijo mayor del expresidente Jair Bolsonaro, es el principal desafiante de derecha del presidente Luiz Inácio Lula da Silva en las elecciones de octubre. La plataforma económica continúa en preparación y deberá presentarse el 15 de agosto, plazo fijado por la legislación electoral.
El debate está impulsado por un fuerte deterioro de la relación de deuda. La deuda pública bruta de Brasil llegó al 81,9 % del producto interno bruto en junio, frente al 71,4 % registrado cuando Lula asumió en enero de 2023, lo que aumenta la presión sobre la próxima administración para ofrecer una trayectoria creíble de estabilización.
Una versión en discusión congelaría el gasto federal en términos reales cuando la deuda bruta supere el 80 % del PIB. Si se ubica entre el 75 % y el 80 %, las erogaciones podrían crecer como máximo la mitad del aumento de los ingresos; por debajo del 75 %, el límite podría subir al 70 % del crecimiento de la recaudación.
Los umbrales y las fórmulas precisas todavía no están definidos. Personas con conocimiento de la elaboración indicaron que el concepto fue presentado en reuniones privadas con inversores y podría enviarse al Congreso como reforma constitucional durante una eventual transición a fines de este año.
El marco vigente de Lula permite un crecimiento real anual del gasto de entre 0,6 % y 2,5 % y limita el incremento a no más del 70 % del aumento de los ingresos. La propuesta de Bolsonaro conservaría un objetivo de resultado primario y un techo de gasto, pero volvería más restrictiva la expansión autorizada a medida que suba la deuda.
El plan también incluiría recortes de erogaciones y una revisión de beneficios tributarios con el propósito de producir un ajuste fiscal equivalente al 1,5 % del PIB. Los niveles de la meta primaria y del techo general todavía se están definiendo, por lo que quedan abiertas decisiones importantes sobre distribución e implementación.
La campaña afirma que su programa buscará mayor disciplina fiscal, eficiencia del sector público y condiciones para acelerar el crecimiento económico. Sus asesores esperan que controles más estrictos mejoren la confianza inversora y reduzcan las tasas de interés de largo plazo, pero el alcance final dependerá de la plataforma de agosto y del respaldo legislativo disponible después de las elecciones.
