El Gobierno de Brasil evalúa prorrogar por otros 60 días el impuesto del 12 % sobre las exportaciones de petróleo crudo. El equipo económico pretende recurrir otra vez a la autoridad de comercio exterior Camex, cuya reunión debería considerar la propuesta antes de que la resolución vigente expire el 9 de septiembre.
El tributo comenzó mediante una medida provisional en marzo, cuando el Gobierno buscó financiar subsidios a los combustibles y contener la presión de precios vinculada a la guerra con Irán. La norma venció el 9 de julio y el comité ejecutivo de Camex emitió al día siguiente una resolución para conservar la cobranza.
Las petroleras llevaron la disputa a la Justicia Federal de Brasilia. Sostienen que la resolución comercial carece de fundamento administrativo propio, prolonga indebidamente una medida provisional vencida y debilita el control del Congreso sobre un impuesto que los legisladores nunca votaron.
El Ministerio de Hacienda afirma que la política produjo efectos regulatorios además de recaudación. Para continuarla, cita mayor procesamiento en refinerías, menores importaciones y más producción interna de derivados, especialmente diésel, junto con volatilidad, restricciones logísticas y riesgos para el transporte energético por el estrecho de Ormuz.
El conflicto jurídico difiere de la disputa por el impuesto del 9,2 % creado en 2023. En julio, la Primera Sala del Supremo Tribunal Federal convalidó aquella medida y reconoció una función regulatoria además de recaudatoria por sus objetivos económicos, cambiarios y antiinflacionarios; ahora las empresas atacan el instrumento posterior al vencimiento.
El impuesto actual aportó R$ 8.000 millones al Gobierno federal. Ejecutivos del sector contraponen esa carga con los subsidios que benefician a Petrobras, que distribuirá R$ 17.400 millones en dividendos del primer trimestre, incluidos R$ 6.200 millones para el Gobierno como principal accionista.
Los productores también dudan de que retener más crudo dentro del país logre el resultado buscado, porque las refinerías no pueden absorber toda la oferta. Un representante sectorial señaló plantas de Petrobras operando al 101 % o 104 % de su capacidad nominal, mientras el Gobierno analizó pero descartó bajar la alícuota al 5 % o 6 %.
La extensión está ligada al calendario todavía incierto para retirar los subsidios a los combustibles. Las empresas reclaman una salida previsible para evitar distorsiones favorables a Petrobras, mientras Hacienda indicó que las ayudas podrían terminar si el barril se estabiliza cerca de US$ 80.
