Zimbabue se prepara para resolver tres categorías diferenciadas de reclamos sobre granjas más de dos décadas después de que el Programa Acelerado de Reforma Agraria transformara la propiedad rural. El gobierno de Emmerson Mnangagwa afirma que las decisiones corrigen errores y obligaciones jurídicas específicas, en lugar de revertir la redistribución iniciada después de 2000.
La primera categoría abarca 67 granjas protegidas por acuerdos bilaterales de promoción y protección de inversiones. Las propiedades, vinculadas con inversores de Dinamarca, Alemania, Países Bajos y Suiza, fueron designadas para adquisición obligatoria pero permanecieron desocupadas. Serán devueltas mientras Zimbabue cumple las obligaciones derivadas de esos tratados.
Un segundo grupo está compuesto por 840 granjas que, según los funcionarios, ingresaron por error en el proceso de adquisición. Serán restituidas a sus propietarios negros zimbabuenses. El tercer grupo incluye a 409 agricultores blancos que permanecieron en terrenos adquiridos junto con beneficiarios de la reforma; podrán comprar la tierra o las porciones ocupadas mediante un mecanismo compensatorio vinculado con mejoras elegibles.
El ministro de Agricultura, Anxious Masuka, dijo al Parlamento que el proceso de los tratados no debe confundirse con una restauración del orden previo a la reforma. El gobierno continúa describiendo la reforma agraria como irreversible y emite títulos a los beneficiarios para fortalecer la seguridad de tenencia y fomentar inversiones.
La disputa tiene profundas raíces históricas. En la independencia de 1980, los agricultores comerciales blancos controlaban una proporción desmedida de las tierras más productivas. La redistribución inicial bajo el acuerdo de Lancaster House dependía de compradores y vendedores voluntarios, pero avanzó con mayor lentitud de la esperada. Las ocupaciones de veteranos y simpatizantes de ZANU-PF se expandieron tras un referendo constitucional fallido en 2000 y luego fueron formalizadas.
Sus partidarios vieron las expropiaciones como una liberación inconclusa, pero el proceso incluyó violencia, intimidación, discriminación política e incertidumbre prolongada sobre las asignaciones. La agricultura comercial sufrió una grave disrupción y contribuyó a una crisis económica más amplia que también respondió a problemas fiscales y monetarios, sequía y otras fallas de política. La estrategia actual busca separar reclamos con historias y fundamentos jurídicos distintos.
Las decisiones también se conectan con el esfuerzo de Zimbabue por reconstruir vínculos con gobiernos occidentales, acreedores e inversores. Las granjas protegidas por tratados son independientes de un marco de compensación de 3.500 millones de dólares acordado en 2020 por mejoras realizadas por antiguos agricultores comerciales elegibles. Los pagos comenzaron en 2025, pero las restricciones financieras limitaron el avance del compromiso general.
El nuevo enfoque reavivó esperanzas entre algunos antiguos propietarios y preocupación entre veteranos que temen que los beneficiarios pierdan tierras. Esa tensión define sus límites: el gobierno intenta corregir errores, cumplir tratados y mejorar el clima inversor sin repudiar un programa central para la identidad nacional, la legitimidad de ZANU-PF y la redistribución de tierras heredadas del colonialismo.
