Investigadores de las Naciones Unidas detallaron redes transnacionales que suministraron personal, armas, financiación, logística y entrenamiento a las fuerzas que combaten en Sudán. El informe de la Misión Internacional Independiente de Investigación presentó el apoyo externo como un factor central en la prolongación de la guerra iniciada en abril de 2023.
El conflicto entre las fuerzas armadas sudanesas y las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido causó al menos 59.000 muertes, desplazó a unos 13 millones de personas y llevó partes del país a la hambruna. Los investigadores advirtieron que la ayuda extranjera amplió la capacidad de ambos bandos para continuar luchando.
La misión rastreó una red vinculada con Emiratos Árabes Unidos, Colombia y Chad que reclutó y trasladó contratistas para las FAR. Personal colombiano aportó experiencia con armas avanzadas y drones, mientras entidades registradas o relacionadas con Emiratos tuvieron papeles significativos en financiación, transporte y despliegue.
Emiratos negó brindar apoyo militar a las FAR. Los investigadores también determinaron que drones suministrados desde el exterior aumentaron las capacidades del ejército sudanés, aunque calificaron varios hallazgos sobre respaldo extranjero como preliminares y solicitaron más investigación y cooperación.
Ataques con drones de ambas fuerzas alcanzaron a civiles e infraestructura esencial y podrían constituir crímenes de guerra. El informe vinculó combatientes entrenados en el extranjero con las matanzas de 2025 en el campo de desplazados de Zamzam y El Fasher, donde civiles fueron baleados en casas y calles.
Más de 100.000 personas huyeron de El Fasher durante la ofensiva y las imágenes satelitales parecían mostrar posibles fosas comunes y cuerpos quemados. Los hallazgos sitúan el traslado de personal y tecnología extranjeros dentro de una campaña marcada por desplazamientos masivos y la destrucción de la protección civil.
Chad, Colombia y Emiratos cooperaron con la misión, mientras varios países vecinos no ofrecieron respuestas sustantivas y ni el ejército sudanés ni las FAR colaboraron. El acceso desigual limitó la capacidad de reconstruir la ruta completa de equipos, dinero y combatientes que ingresan al país.
Los investigadores pidieron al Consejo de Seguridad extender el embargo de armas a todo Sudán y restringir el flujo de armamento, financiación, personal y tecnología. La propuesta convierte a los facilitadores externos en objetivo directo de la acción internacional y no reduce la guerra a dos fuerzas nacionales.
