Chile y Venezuela acordaron restablecer las relaciones consulares como primera etapa de una normalización gradual después de dos años de ruptura diplomática. Ambos gobiernos señalaron que el objetivo inmediato es ofrecer protección y servicios a sus ciudadanos residentes en el otro país.
La hoja de ruta fue negociada por la administración del presidente chileno José Antonio Kast y el Gobierno venezolano encabezado de manera interina por Delcy Rodríguez. El canciller venezolano, Félix Plasencia, describió la iniciativa como un proceso basado en diálogo, reciprocidad, respeto mutuo y derecho internacional.
Kast calificó la decisión como el comienzo de una nueva etapa bilateral. Identificó a la seguridad, la migración y el desarrollo económico como los principales desafíos compartidos y reconoció el trabajo metódico de los equipos diplomáticos de ambas capitales.
La dimensión consular tiene un peso demográfico considerable. Más de 700.000 venezolanos viven en Chile y alrededor de 25.000 chilenos residen en Venezuela, por lo que grandes comunidades quedaron sin mecanismos bilaterales plenos durante la ruptura.
El control migratorio también forma parte del cálculo de Santiago. Chile tiene más de 75.000 órdenes de expulsión pendientes, más de la mitad de ciudadanos venezolanos, y Kast sostuvo que el vínculo directo con Caracas es esencial para organizar vuelos de retorno de migrantes sin residencia legal.
La relación se quebró en julio de 2024, cuando el Gobierno de Nicolás Maduro exigió que Chile y otros seis países retiraran a sus representantes. La medida siguió a los cuestionamientos sobre la elección presidencial venezolana de la administración chilena entonces conducida por Gabriel Boric.
Un canal volvió a abrirse después de que Chile prestara asistencia por el devastador doble terremoto venezolano del 24 de junio. El subsecretario del Interior chileno, Máximo Pavez, señaló que esa cooperación permitió una comunicación más fluida entre los gobiernos.
El acuerdo establece una primera capa operativa y no la restitución inmediata de relaciones diplomáticas plenas. Su avance se medirá por el acceso consular, la coordinación migratoria y de seguridad y la capacidad de sostener el diálogo pese a las diferencias políticas.
