España comenzó a realizar controles aleatorios a los viajeros procedentes de Italia a la medianoche del sábado, extendiendo al sistema de viajes Schengen las consecuencias políticas de la llegada masiva de unas 72.000 personas a Ceuta. Madrid presentó la medida como respuesta recíproca a los controles que Roma introdujo el 1 de agosto para pasajeros provenientes de España.
El canciller italiano, Antonio Tajani, calificó la reacción española de incomprensible e inaceptable, al tiempo que defendió el deber de Roma de proteger sus fronteras. Planteó la posibilidad de que algunos recién llegados tuvieran posiciones yihadistas y dijo que Italia esperaba retirar las restricciones cuando desapareciera el riesgo percibido, en referencia a convocatorias en internet para otro cruce masivo a mediados de agosto.
El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, sostuvo que la medida italiana había provocado escenas intolerables en los aeropuertos y dañado tanto la dignidad española como la unidad europea. Madrid subrayó que la frontera de Ceuta ya estaba nuevamente bajo control antes de que Italia iniciara sus controles y que la mayoría de quienes ingresaron había sido devuelta a Marruecos.
España también remarcó que Ceuta, territorio español en el norte de África, está fuera del espacio Schengen de libre circulación. Sin ciudadanía de la Unión Europea o residencia legal, el viaje posterior desde el enclave hacia la Europa continental está muy restringido, lo que debilita el argumento de Roma de que Italia podría convertirse en el principal destino de quienes cruzaron.
Las medidas afectan un corredor bilateral intenso, utilizado por más de ocho millones de viajeros el año pasado. Las demoras y revisiones de documentos en aeropuertos hicieron visible para los pasajeros una disputa interestatal sobre migración y aumentaron la presión sobre ambos gobiernos para impedir que los controles temporales se conviertan en un obstáculo permanente dentro de la Unión Europea.
La confrontación también refleja narrativas políticas opuestas sobre la regularización migratoria. Roma vinculó el programa español para documentar a trabajadores migrantes con la llegada a Ceuta, aunque las instituciones europeas habían rechazado esa conexión. Italia prepara a su vez casi 1,1 millones de permisos laborales para extranjeros hasta 2028, y ambos países realizaron en el pasado amplios programas de regularización.
La primera ministra Giorgia Meloni procura presentar a Italia como defensora firme de los controles migratorios, mientras el presidente español Pedro Sánchez sostiene que los trabajadores extranjeros son necesarios para el crecimiento económico y la estabilidad demográfica. Dirigentes opositores italianos acusaron al gobierno de Meloni de fabricar una crisis diplomática que terminaría imponiendo costos a sus propios ciudadanos.
El comisario europeo de Migración, Magnus Brunner, afirmó que los ministros del Interior de ambos países confirmaron el carácter temporal de los controles. España aseguró a la Comisión Europea que los hechos de Ceuta no tendrían efectos duraderos sobre Schengen, e Italia indicó que sus restricciones podrían levantarse pronto. El conflicto expone, sin embargo, cómo la política migratoria puede alterar la coordinación europea aun cuando los votantes ubican el costo de vida, la seguridad y el empleo por encima de la migración entre sus prioridades parlamentarias.
