El máximo responsable de derechos humanos de la ONU condenó el anuncio del presidente nicaragüense Daniel Ortega de que el país ya no celebrará elecciones, advirtiendo que la medida eliminaría cualquier posibilidad de contienda política y consolidaría aún más el gobierno autoritario que comparte con su esposa.
Volker Turk, Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, formuló la reprimenda el miércoles, calificando la declaración de Ortega como un "nuevo deterioro" de los derechos civiles y políticos en la nación centroamericana. El domingo, Ortega afirmó que Nicaragua dejaría de celebrar elecciones, una decisión que eliminaría la perspectiva de una disputa electoral cuando su mandato actual termine el próximo año.
"Personas de todas las tendencias políticas deben tener derecho a votar y a presentarse a cargos públicos, de conformidad con las obligaciones internacionales del Estado en materia de derechos humanos", declaró Turk en un comunicado. Añadió que el poder se está concentrando cada vez más bajo la copresidencia del país, un sistema que Ortega comparte con su esposa, Rosario Murillo.
El gobierno nicaragüense también revocó las credenciales de varios abogados a principios de este mes, una medida que, según Turk, carecía de base jurídica o explicación oficial. Describió el espacio cívico en Nicaragua como ahora "casi cerrado", y el pensamiento o la expresión independientes son reprimidos sistemáticamente.
Turk instó a las autoridades a liberar al menos a 46 personas que permanecen detenidas arbitrariamente por razones políticas. Los comentarios del funcionario de la ONU subrayan la creciente preocupación internacional por la acelerada erosión de las instituciones democráticas en Nicaragua, donde Ortega está en el poder desde 2007 y ha consolidado progresivamente el control sobre todos los poderes del Estado.
El anuncio sobre las elecciones sigue un patrón de endurecimiento de las medidas autoritarias, que incluye el encarcelamiento de opositores políticos, el cierre de medios independientes y la prohibición de organizaciones de la sociedad civil. La comunidad internacional ha pedido repetidamente el restablecimiento de las libertades democráticas, pero Ortega ha mostrado poca disposición a ceder ante la presión externa.
Mientras la región observa de cerca, la condena de la ONU se suma al creciente aislamiento diplomático del gobierno de Ortega-Murillo, y varios países latinoamericanos y Estados Unidos ya han impuesto sanciones a funcionarios nicaragüenses por violaciones de derechos humanos.
