Bangladesh puso a sus fuerzas de seguridad en alerta nacional antes del aniversario fundacional de la Liga Awami, el 23 de junio, ante la advertencia de que partidarios del partido prohibido podrían intentar generar disturbios.
El ministro del Interior, Salahuddin Ahmed, afirmó que las fuerzas de seguridad recibieron información de inteligencia sobre posibles intentos de crear inestabilidad en torno al aniversario. La Policía y otros organismos recibieron instrucciones de mantener la máxima vigilancia y prevenir sabotajes, desórdenes o alteraciones más amplias.
Una directiva interna de la Policía advirtió que activistas del partido podrían intentar conmemorar la fecha mediante banderas, pancartas o procesiones. Las autoridades señalaron que esas acciones podrían provocar choques con grupos rivales, en particular con partidarios del Partido Nacional Ciudadano surgido del movimiento estudiantil.
La administración interina encabezada por Muhammad Yunus ya no reconoce a la Liga Awami como partido político y la describió como una organización criminal. La formación fue disuelta y excluida de las elecciones después de la caída del Gobierno de Sheikh Hasina durante el levantamiento estudiantil de agosto de 2024.
El Partido Nacionalista de Bangladesh ganó posteriormente las elecciones de febrero y Tarique Rahman se convirtió en primer ministro. La transición política dejó a la Liga Awami fuera de la competencia electoral formal, pero no eliminó sus redes organizativas ni su base de seguidores.
La Policía Metropolitana de Daca afirmó que no existía una amenaza específica contra la capital, aunque confirmó que las unidades de seguridad permanecían en alerta máxima. Más de 100 dirigentes y activistas de la Liga Awami habrían sido detenidos en operativos recientes en Daca, Chattogram y otras zonas.
El aniversario pondrá a prueba la capacidad del Gobierno para impedir que actividades políticas aisladas deriven en una violencia más amplia. También mostrará si el partido prohibido conserva capacidad de movilización pública pese a las detenciones, la exclusión electoral y la presión sostenida de las autoridades.
