Argentina completó la adjudicación de la concesión de la Hidrovía Paraná-Paraguay al consorcio integrado por la empresa belga de dragado Jan De Nul y la firma argentina Servimagnus. El grupo operará durante los próximos 25 años el principal corredor de transporte fluvial del país.
Por esta vía circula alrededor del 80 % del comercio exterior argentino, lo que convierte la decisión en un componente central de la logística exportadora nacional. La adjudicación fue formalizada mediante una resolución de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, una vez concluidas las etapas técnicas y administrativas de la licitación.
La firma del contrato está prevista dentro de los próximos 30 días. El Gobierno estima que la nueva concesión permitirá reducir un 13,5 % los costos logísticos y mejorar las condiciones operativas a lo largo del corredor.
La concesión comprende las tareas de dragado y balizamiento desde el kilómetro 1.238 del río Paraná, en la zona de Confluencia, hasta el canal Punta Indio, en la provincia de Buenos Aires, donde el sistema fluvial se conecta con el océano Atlántico.
Las obras previstas buscan permitir que los buques de gran porte salgan de los puertos argentinos con mayor carga. El nuevo esquema operativo también incorporará tecnología para controlar el tráfico fluvial y reforzará las tareas de vigilancia orientadas a combatir el narcotráfico.
El Gobierno sostuvo que la propuesta de Jan De Nul-Servimagnus fue la más sólida entre las ofertas presentadas y que el proceso no recibió impugnaciones válidas. La empresa belga DEME y la brasileña DTA Engenharia quedaron fuera después de que fueran rechazadas sus presentaciones y recursos administrativos.
La licitación también contó con participación técnica de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, en el marco de un memorando destinado a acompañar la supervisión de distintas etapas del proceso y promover estándares de transparencia.
La adjudicación fue recibida favorablemente por sectores empresariales y gobiernos provinciales vinculados con la actividad portuaria. Su implementación dependerá ahora de la firma del contrato y de la capacidad del consorcio para concretar las reducciones de costos, las mejoras de infraestructura y los avances operativos anunciados.