Gobiernos de Centroamérica y República Dominicana han reafirmado una estrategia regional de diez años para prevenir el tráfico ilícito y la proliferación de armas de fuego, municiones y explosivos. La primera reunión anual revisó los avances realizados desde que la hoja de ruta fue adoptada en la sede de la OEA en febrero de 2025.
Ministros, viceministros y altos funcionarios de Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Panamá y la República Dominicana se reunieron de manera virtual el 29 de octubre. Su discusión se centró en la construcción de capacidad nacional que pueda apoyar la cooperación regional en lugar de depender de declaraciones sin instituciones nacionales.
Las autoridades informaron avances en tres áreas operativas: planes de acción nacionales, coordinación interinstitucional y un sistema de monitoreo y evaluación capaz de seguir la implementación. El progreso varía según el país, lo que hace que los indicadores comunes sean esenciales si los gobiernos quieren distinguir entre reformas completadas e intenciones anunciadas.
Guatemala se convirtió en el primer país participante en completar la consulta y validación de su plan nacional y ha pasado a la fase de monitoreo. La República Dominicana está preparando un decreto presidencial para una comisión interinstitucional, mientras que Belice está combinando compromisos de las hojas de ruta del Caribe y Centroamérica en un solo plan.
Costa Rica, El Salvador, Honduras y Panamá continúan en el proceso de desarrollo de planes y fortalecimiento de la coordinación. Los cuatro pilares de la hoja de ruta abarcan la regulación y cooperación institucional, la prevención de la violencia por armas de fuego, la gestión del ciclo de vida de armas y municiones, e investigación y persecución penal.
La OEA, el centro regional de la ONU UNLIREC y el Sistema de la Integración Centroamericana brindan asistencia técnica. La Unión Europea y Alemania financian la implementación, y la reunión incluyó a donantes y socios para identificar necesidades, prioridades y oportunidades de cooperación.
Los Estados tienen la intención de continuar con la implementación hasta 2027 y realizar la próxima reunión anual en persona. La credibilidad del programa dependerá en última instancia de los resultados más allá de la planificación: armas rastreables, depósitos controlados, mejores investigaciones y reducciones medibles en el flujo de armas de fuego que sustentan el crimen organizado y la violencia letal.
