La Asamblea General de la ONU vuelve a tratar una resolución que exige terminar el embargo estadounidense a Cuba, un ritual diplomático que cumple 34 años. El texto no es vinculante, pero su margen refleja cómo juzgan los gobiernos la política de Washington.
El año pasado, 165 países votaron a favor, siete en contra y 12 se abstuvieron. El gobierno de Trump presiona a sus socios para aumentar el rechazo o las abstenciones y reducir una mayoría que La Habana presenta como prueba del aislamiento estadounidense.
La votación ocurre en una fase más coercitiva. Donald Trump intensificó la presión y amenazó con aranceles a países que suministren petróleo a la isla, una medida que redujo fuertemente la disponibilidad de combustible.
La escasez trasciende el transporte. Los cortes eléctricos afectan la cocina, el bombeo de agua, internet y la telefonía, por lo que el debate sobre el embargo se mezcla con el deterioro cotidiano de las condiciones de vida.
Washington sostiene que el Gobierno autoritario cubano y su gestión económica son responsables de la crisis. Sus representantes también acusan a La Habana de usar la votación para desviar la atención de los presos políticos y las restricciones al disenso.
Cuba responde que el embargo y las sanciones financieras bloquean comercio, pagos y suministros esenciales. La disputa rompió el decoro cuando el embajador Mike Waltz y el canciller Bruno Rodríguez intercambiaron acusaciones en el pleno.
El embargo comenzó en 1960 tras la revolución de Fidel Castro y la nacionalización de propiedades estadounidenses. Décadas de votaciones no cambiaron la ley porque la Asamblea no puede obligar a Washington a levantar restricciones dictadas por normas internas.
El resultado inmediato será político, no legal. Una mayoría menor validaría la campaña estadounidense; otro respaldo abrumador reforzaría el argumento cubano, pero dejaría a los hogares con la misma escasez cuando los delegados abandonen la sala.
