La policía india detuvo a varias personas en Nueva Delhi durante la segunda jornada de manifestaciones respaldadas por el partido juvenil Cockroach Janta y organizaciones opositoras. La protesta cuestionó cambios en los padrones y exigió la renuncia del jefe de la Comisión Electoral, Gyanesh Kumar.
Unos cien manifestantes retiraron vallas de seguridad y corearon consignas que acusaban a las autoridades de robar votos antes de que agentes obligaran a algunos a subir a autobuses. Un testigo de Reuters identificó al parlamentario Kapil Sibal, la dirigente Neha Bora y los activistas Prashant Bhushan y Yogendra Yadav.
La movilización forma parte de una serie más amplia de protestas juveniles que colocó una presión inusual sobre Narendra Modi tras doce años en el poder. Los organizadores afirman que la revisión de padrones beneficia al partido gobernante al excluir ciudadanos habilitados, acusación rechazada por las autoridades.
Bora dijo que los funcionarios primero habían retirado personas de las listas y ahora impedían que los críticos se expresaran. La policía no informó cuántos fueron detenidos ni sus identidades, mientras Kumar no respondió a los pedidos para que abandone su cargo.
Las restricciones ya regían después de que la policía impidiera una concentración el viernes y trasladara participantes en autobuses. Varias estaciones de metro cercanas siguieron cerradas. Muchos detenidos fueron liberados, pero algunos quedaron acusados de violar órdenes que prohibían reuniones masivas en la capital.
En el centro de la disputa está un programa nacional de verificación electoral iniciado el año pasado. Los críticos sostienen que millones de ciudadanos habilitados fueron eliminados del padrón, lo que genera dudas sobre el acceso al voto y la neutralidad de una institución históricamente confiable.
La Comisión Electoral afirma que la revisión busca quitar registros duplicados y nombres de fallecidos o personas no habilitadas. El viernes ordenó inscribir a nuevos votantes y reincorporar a quienes hubieran sido omitidos, presentando el proceso como una corrección administrativa y no como exclusión partidaria.
El conflicto combina ahora una discusión técnica sobre datos electorales con una disputa mayor por la legitimidad democrática. Los manifestantes prueban los límites al derecho de reunión y reclaman rendición de cuentas; las autoridades invocan el orden público. La revisión de omisiones determinará la confianza antes de futuras elecciones.
