El Parlamento de Nigeria suspendió los viajes oficiales de sus legisladores a Sudáfrica y les ordenó boicotear las actividades parlamentarias organizadas por instituciones sudafricanas. La medida responde a denuncias de ataques contra nigerianos y otros migrantes africanos y permanecerá vigente hasta nuevo aviso.
La directiva se aplica a los parlamentarios y no a todo el Estado nigeriano. Las visitas y reuniones gubernamentales pueden continuar, lo que preserva un canal diplomático oficial mientras el Poder Legislativo se retira de los intercambios institucionales y transmite una protesta más severa.
El portavoz de la Cámara, Akin Rotimi, describió la decisión como una expresión de preocupación por la seguridad, dignidad y bienestar de los nigerianos que viven y desarrollan negocios legítimos en Sudáfrica. El boicot también refleja frustración por una violencia que tensionó repetidamente la relación entre las dos mayores economías africanas.
Funcionarios nigerianos han señalado la persistencia de ataques contra inmigrantes en Sudáfrica. El ministro de Estado para Asuntos Exteriores había dicho que 98 nigerianos murieron allí desde 2022 en hechos de violencia colectiva y crímenes motivados por odio, presentando el problema como sostenido y no aislado.
El alto comisionado nigeriano interino en Pretoria informó que 1.695 ciudadanos fueron evacuados voluntariamente durante 2026 en medio de tensiones xenófobas. Esa cifra otorga a la decisión parlamentaria una dimensión consular más amplia que la mera participación en conferencias o visitas formales.
La medida sucede a esfuerzos diplomáticos para reducir la tensión. El canciller sudafricano Ronald Lamola encabezó en julio una delegación a Abuya para conversar con funcionarios nigerianos y afirmó que su gobierno condenaba todas las formas de xenofobia.
Ni el Ministerio de Exteriores nigeriano ni un portavoz del gobierno sudafricano comentaron de inmediato la decisión parlamentaria. La ausencia de respuestas ejecutivas vuelve incierto su efecto diplomático práctico, pero los legisladores fijaron una condición clara: no reanudarán el vínculo institucional mientras no se resuelvan sus preocupaciones de seguridad.
