El presidente Cyril Ramaphosa autorizó a 510 soldados a apoyar a la policía en KwaZulu-Natal después de que manifestaciones antimigrantes se volvieran violentas. El Ejército queda en reserva bajo la Operación Prosper, sin mando independiente sobre el orden público.
Los militares están autorizados del 9 de octubre al 30 de noviembre, con un costo previsto de 34,1 millones de rands, unos US$2 millones. Ramaphosa informó a ambas cámaras del Parlamento conforme a la norma constitucional sobre apoyo militar interno.
El detonante inmediato fue la violencia vinculada con afirmaciones falsas sobre un fallo de la Corte Constitucional relativo a la Ley de Refugiados. La sentencia eliminó barreras de procedimiento para solicitantes de asilo; no concedió una amnistía general a indocumentados.
Las protestas en Durban y Soweto incluyeron vehículos incendiados y comercios saqueados, muchos de extranjeros. La policía también informó que una multitud mató a golpes a un migrante en Durban, convirtiendo la agitación en una emergencia de protección y seguridad.
Las marchas crecieron durante meses, provocaron críticas internacionales y llevaron a miles de migrantes africanos a abandonar Sudáfrica. Los reclamos de deportación se mezclaron cada vez más con castigos colectivos contra extranjeros.
El despliegue coincide además con las elecciones locales del 4 de noviembre, elevando la necesidad de prudencia. Las fuerzas deben contener la violencia sin criminalizar la protesta legal ni parecer que el Ejército administra una disputa electoral.
La Operación Prosper ya combina recursos militares y policiales contra pandillas y minería ilegal en otras provincias. En KwaZulu-Natal, su objetivo declarado es más acotado: impedir nuevos disturbios y reforzar a la policía si los incidentes superan su capacidad.
La prueba no consiste solo en mantener las calles calmas. El Gobierno debe corregir la desinformación, proteger a migrantes y negocios, aplicar la ley de forma imparcial y explicar cómo terminará a tiempo este despliegue temporal.
