Los bloqueos de carreteras en Bolivia disminuyeron de manera considerable después de que el Gobierno alcanzara un acuerdo con la Central Obrera Boliviana y estableciera el estado de excepción tras 50 días de protestas. La cantidad de rutas interrumpidas pasó de más de 80 en algunas jornadas recientes a 31 en la mañana del domingo y luego a 12 durante el transcurso del día.
La medida de excepción, confirmada por el Parlamento en la madrugada del 21 de junio, permite al Gobierno imponer toques de queda en determinadas zonas y desplegar a las Fuerzas Armadas. Las protestas rechazan las políticas del presidente Rodrigo Paz y se intensificaron después de la aprobación de una ley de tierras cuestionada por organizaciones campesinas.
Un día antes del decreto, Paz firmó un acuerdo con la Central Obrera Boliviana, la principal central sindical del país. Su presidente, Mario Argollo, afirmó que el entendimiento será puesto a prueba durante 90 días y pidió a otros sectores que levanten los bloqueos para contribuir a pacificar el país.
El acuerdo incluye compromisos de no criminalizar las protestas ni perseguir a dirigentes sociales o sindicales. También crea una comisión conjunta para abordar la liberación de líderes detenidos durante las movilizaciones y descarta la privatización de empresas públicas estratégicas o la entrega de recursos nacionales a intereses privados.
Paz sostuvo que el Gobierno fortalecerá la minería estatal y la creación de empleo, manteniendo la coordinación con la Corporación Minera de Bolivia. Al mismo tiempo, describió los bloqueos como parte de una acción organizada de desestabilización vinculada con el narcoterrorismo, una acusación que formuló públicamente sin presentar pruebas.
El Gobierno también responsabilizó al expresidente Evo Morales por las protestas. Morales rechazó esa acusación y afirmó que la movilización reúne a docentes, mineros, campesinos, comunidades indígenas y otros grupos sociales que no están bajo su control.
Las divisiones dentro del movimiento de protesta persisten. Algunas organizaciones, entre ellas la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Bartolina Sisa, mantienen el pedido de renuncia de Paz y rechazan el fin de los bloqueos, por lo que la crisis política continúa abierta pese a la reducción de las interrupciones viales.
