Estados Unidos impuso sanciones a Babak Zanjani y a una amplia red financiera vinculada con él. Washington sostiene que esa estructura permitió al gobierno iraní evadir restricciones vigentes y obtener fondos para actividades que califica como desestabilizadoras.
La medida trata a la red de Zanjani como un mecanismo operativo y no como un objetivo individual aislado. Su propósito declarado es interrumpir los canales utilizados para mover valor y sostener transacciones fuera del alcance de las sanciones estadounidenses.
La base jurídica es la Orden Ejecutiva 13902. Esa norma apunta a los sectores financiero, petrolero y petroquímico de Irán y vincula las nuevas designaciones con áreas de la economía que generan y transfieren ingresos.
Al invocar una orden que abarca finanzas y energía, la medida conecta la actividad de pagos con los sectores comerciales que la sostienen. El foco está tanto en la intermediación financiera como en los ingresos asociados con los negocios petroleros y petroquímicos.
La designación incorpora a Zanjani y su red dentro de la política más amplia de aplicación de sanciones de Washington hacia Irán. Señala la continuidad de las restricciones financieras contra personas y estructuras acusadas de facilitar su evasión.
El objetivo inmediato es generar responsabilidad e interrumpir operaciones: limitar la capacidad de la red para respaldar transacciones y reducir el espacio disponible para que los ingresos iraníes circulen por canales alcanzados por las autoridades estadounidenses.
