La industria triguera de Sudáfrica cuestionó la decisión del Gobierno de mantener en 279 dólares por tonelada el precio interno de referencia denominado en dólares, al considerar que el esquema arancelario vigente no protege adecuadamente a los productores locales.
El ministro de Comercio, Industria y Competencia, Parks Tau, rechazó una solicitud de GrainSA y de la Asociación Sudafricana de Comercio de Cereales y Oleaginosas para elevar el precio de referencia a 289 dólares por tonelada. Este mecanismo se utiliza para determinar el nivel de protección arancelaria aplicado al trigo importado.
La decisión siguió a una investigación de dos años de la Comisión de Administración del Comercio Internacional de Sudáfrica. El organismo concluyó que el precio actual continuaba siendo suficiente y estimó que ofrecía un margen del 18 % sobre los costos promedio de producción, además de una ventaja de precio cercana al 16 % para el trigo local frente al importado.
GrainSA rechazó esa evaluación y sostuvo que los productores enfrentan mayores costos de insumos y financiamiento, mercados inestables, problemas logísticos y competencia internacional subsidiada. La organización afirmó que Sudáfrica perdió 19.000 hectáreas de producción triguera durante los últimos cinco años y advirtió que una interrupción de la actividad en Cabo Occidental podría poner en riesgo 8.500 empleos.
Los representantes del sector también señalaron que el sistema actual no remunera el costo y el riesgo asociados con la producción de trigo de mayor calidad. GrainSA anunció que estudiará todas las vías disponibles para impugnar la decisión, incluida una posible acción judicial.
La asociación de comercio de cereales y oleaginosas criticó por separado las demoras en la administración arancelaria. Indicó que un arancel de importación cero activado el 12 de mayo todavía no se había aplicado al 18 de junio, lo que obligaba a los consumidores a pagar más de lo debido por el trigo importado.
Sudáfrica importa alrededor de 1,8 millones de toneladas de trigo, equivalentes a cerca de la mitad de su demanda interna. La disputa se concentra ahora en determinar si el sistema vigente ofrece una protección proporcional a los agricultores sin imponer costos innecesarios a molinos y consumidores.